La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, calificó de “autocrática” la iniciativa del Presidente de la República para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues le daría facultades hacer y deshacer con el Presupuesto de Egresos la Federación.
“Esta iniciativa de naturaleza autocrática, es un retroceso respecto de muchos años de avance democrático en nuestro país”, advirtió en un comunicado.
Expuso que la próxima semana se esperan los resultados del desempeño de las finanzas públicas al primer trimestre de este año y, de caer en lo que establece el artículo 21 de esta ley -una caída de los ingresos por impuestos mayor a 3.0 por ciento- la reorientación del presupuesto que pretende hacer el Ejecutivo Federal ya está prevista en la ley, sólo que con reglas y bajo la supervisión de la Cámara de Diputados.
Apuntó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que enviar a la Cámara de Diputados el monto de gastos a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por dependencia y entidad, para que la Cámara opine al respecto.
Sin embargo, alertó la líder parlamentaria, lo que pretende el Presidente de la República con su iniciativa es hacerlo de manera discrecional, opaca y sin rendirle cuentas a nadie.
“A pesar de venderse como una herramienta para hacer frente al crítico escenario que vivimos, la iniciativa hace uso del término emergencia económica sin definirlo, por lo que en cualquier momento, incluso sin una justificación sólida, el Gobierno Federal podría hacer uso de esta figura y disponer de recursos a conveniencia”, aseveró.
Asimismo, dijo, no se expone la metodología ni los mecanismos por los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones mencionadas, por lo que queda claro que el interés del Ejecutivo Federal es disponer de recursos que ya estaban asignados a programas y fondos, como el Fondo Metropolitano, que ya ha sido aprobados y destinado a los estados.
Juárez Piña denunció que esta iniciativa sólo tiene como fin mantener los proyectos y acciones prioritarias del Presidente, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, sin atender a las necesidades inmediatas en salud y economía.
“Con esta iniciativa, el Ejecutivo Federal pretende reasignar el presupuesto a su voluntad, sin tomar en cuenta las diferentes opiniones de los Poderes de la Unión, de los gobierno de los estados, organismos internacionales, académicos, trabajadoras y trabajadores y cámaras empresariales, cuya inclusión y diálogo sería un ejercicio democrático, de cooperación y consenso”, agregó.
Sostuvo que la prioridad debería ser analizar y avalar alternativas y propuestas para salvar vidas, como la reasignación de recursos para el Sistema de Salud, cancelando o posponiendo los megaproyectos de Gobierno Federal y reactivar la economía, incentivando el empleo formal e informal.
En un comunicado por separado, el diputado perredista Antonio Ortega Martínez sostuvo que las medidas de austeridad y la iniciativa presidencial para reorientar el presupuesto quebrantan la Constitución al violentar facultades del Poder Legislativo y ordenamientos como la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.
“Es cuestionable la legalidad de su decreto. Se exceden las facultades del Ejecutivo Federal, violenta derechos laborales, invade las facultades exclusivas de otros poderes, en este caso, los de la Cámara de Diputados”, reclamó.
