En sesión semipresencial, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, con el consenso de 461 votos a favor, reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de armonizar la actuación de los jueces federales en materia de desaparición forzada de personas.
El dictamen, que modifica los artículos 50 BIS y 50 TER del citado ordenamiento señala que, en materia federal, la autorización para intervenir comunicaciones privadas será otorgada por el juez de control, de conformidad con lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas, según corresponda.
También incorpora que: “Cuando la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones privadas se haga por el titular del Ministerio Público de las entidades federativas, será otorgada de conformidad con lo previsto en la misma ley”.
El dictamen, que se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que es necesario adoptar medidas y recomendaciones formuladas al Estado Mexicano por organismos internacionales y nacionales, a fin de promover un marco jurídico más robusto en aras de prevenir conductas que dañan a la sociedad.
Desaparición forzada, de los peores flagelos sociales
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Justicia, diputado Rubén Cayetano García (Morena), dijo que la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017 no está armonizada con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Mencionó que la desaparición forzada es uno de los fenómenos sociales con mayor flagelo que constituye una de las violaciones más crueles a los derechos humanos, así como a las libertades fundamentales, además de que violenta la dignidad humana, lo que causa incertidumbre en la víctima, familiares y personas afines.
Puntualizó que en la Comisión se privilegia el consenso y los acuerdos para mejorar el sistema de justicia y fortalecer el Estado de derecho, a través de la voluntad política, por encima de las diferencias ideológicas e intereses de grupos.
No se trata de legitimar el espionaje
Al fijar su posicionamiento, la diputada Graciela Zavaleta Sánchez (Morena) refirió que con esto no se va a legitimar el espionaje o permitir la violación de las comunicaciones privadas. Esta reforma obedece a 102 propuestas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017, para la atención integral de la desaparición de personas.
Subrayó que “esta Legislatura da un paso para que no se tenga pretexto alguno y que las y los jueces federales den los elementos de investigación necesarios para resolver todos y cada uno de los casos de personas desaparecidas”.
