La Comisión de Transparencia y Anticorrupción realizó el segundo foro del parlamento abierto sobre las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, donde se analizaron los procedimientos de contratación.
El presidente de esta instancia, diputado Óscar González Yáñez (PT), señaló que el parlamento es un gran instrumento de la sociedad; los diputados solamente “tenemos que ser ejecutores de las voluntades de un pueblo y la única forma de atenderlas es escuchándolas”.
Podemos tener divergencias, pero es parte de la construcción de una democracia. “Coincidimos en que debe haber transparencia y que debemos acabar con la corrupción”, precisó.
Intervención de diputadas y diputados
La diputada Martha Lizeth Noriega Salas (Morena) dijo que el proyecto de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público busca actualizar, mejorar y homologar la distribución de competencias entre dependencias generales; se mencionan las funciones que deberá asumir la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Función Pública y se contemplan deducciones al pago por cumplimiento parcial. “Es necesario lograr el mayor nivel de transparencia posible y combatir la corrupción”.
La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) planteó reformar el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de abonar a la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito económico. “Lo que pretendo es implantar un sistema de puntos usado en la asignación de obras, pero que incentive aquellas empresas que hayan aplicado políticas o prácticas de igualdad de género y homologar la Ley de Adquisiciones”.
El legislador Emmanuel Reyes Carmona (Morena) mencionó que el que se reformen diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones permite proponer planteamientos que vienen a adecuar el marco legal e integrar las diferentes propuestas de grupos parlamentarios. “La transparencia y rendición de cuentas constituyen piedras fundamentales para combatir a la corrupción”.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada María Marivel Solís Barrera explicó que la iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones propone la adopción de prácticas en el servicio público para propiciar la innovación tecnológica que acelere la creación de empresas de capital nacional, así como promover las vocaciones para el emprendimiento y que México disminuya la alta dependencia tecnológica.
Propuestas y planteamientos de expertos
La titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SHCP, Guadalupe Arciniega García, propuso renovar el apartado de contratos e incluir algunos candados que ayudarán a evitar malas prácticas, así como armonizar la Ley de Adquisiciones con otras disposiciones jurídicas ya vigentes, como la Ley Federal de Competencia Económica.
Alejandro Sosa, representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), comentó que es importante reflejar en la reforma la fase de ejecución de los contratos públicos, porque en el marco federal no hay quién brinde un soporte para revisar si los procedimientos son exitosos. Pidió incorporar un capítulo que otorgue los elementos mínimos, a fin de que funcionarios y proveedores se conduzcan en la correcta ejecución del recurso público.
Mario Mejía Kargl, consultor de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (Amid), destacó la necesidad de regular y transparentar el estudio de mercado, porque la reforma propuesta no establece cómo debe ser, cuál es su proceso y cómo publicitarse, dando al Poder Ejecutivo amplias facultades discrecionales.
Miguel Pinodueñas, director de Asuntos Públicos de Edenred, pidió que Compranet se transforme en un sistema estructurado que guíe todo el proceso de adquisición pública y obligue a las partes a cumplir con los tiempos establecidos, además de difundir la investigación de mercado. Propuso que ésta se fortalecerla como una herramienta para que sea el principal catalizador en la contratación.
Pedro Carta Terrón, representante de Transformación Urbana Internacional A.C., planteó incorporar que los contratos puedan ser rescindidos por hechos de corrupción comprobados por los proveedores y sus representantes. Asimismo, incluir la figura de “interesado social” porque la de testigo social no es suficiente y genera controversias.
De Transparencia Mexicana, Gabriela Ramírez consideró que “para asegurar el monitoreo independiente se necesita el acceso a los datos; por ello, impulsamos la opción del estándar de datos de contrataciones abiertas para homologar la información sobre la cual puede darse el monitoreo independiente de contratos”.
El presidente del Sector Industrial Médico de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jesús Granados Campos expresó que se necesita construir un sistema moderno, eficiente, eficaz y transparente de las contrataciones públicas. Con ello habría beneficios en la competitividad, empleo, mejores salarios, mayor tributación, así como promoción de la tecnología en un desarrollo económico de nuestro país.
Mariana Campos, de México Evalúa, comentó que la administración directa debe ser un proceso regulado en la ley, y buscar que un sistema de contrataciones pueda entrar en vigor en un momento conveniente, pero que desde hoy se puede sembrar el sistema moderno, eficiente e íntegro que México tanto requiere.
Fernando Camarillo Basurto, presidente del comité técnico de la Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación, explicó las principales funciones de la institución, como la de impulsar la innovación en México. Refirió que entre los puntos más destacables de la reforma se encuentran la innovación, el fortalecimiento de instituciones gubernamentales con tecnología e incentivar la inversión privada.
Eduard Martín-Borregón, ganador del premio Sigma Awards Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER), comentó que la plataforma digital QuiénEsQuién punto Wiki es la más grande con contenido de datos sobre contrataciones mexicanas. Refirió que el gobierno mexicano es de los que más genera contrataciones públicas a nivel mundial y que si se les aplicaran cláusulas sociales que originen empleo local, no se tendrían salidas hacia los paraísos fiscales.
Guillermo Granados, presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional 10 y Administración de la Innovación y director de Business Performance Institute, planteó la conveniencia de fomentar la capacidad innovadora continua en México a través de la tecnología con parámetros internacionales y adaptarla a las condiciones específicas a fin de identificar nuevos servicios.
Roberto Hernández García, vicepresidente de Ética y Anticorrupción de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría del Colegio de Ingenieros Civiles de México, apuntó que es necesario regular las medidas de control en los contratos de obra pública. Informó que este sector elaboró una iniciativa sobre la Ley de Obras Públicas que incorpora la transparencia en la contratación y en el desarrollo del proyecto para evitar desviaciones y malas prácticas en su ejecución.
