Es una oportunidad de la 4T para redireccionar su agenda feminista, para sacarla del cajón; para ir, ahora sí, por los derechos de las mujeres, para contrarrestar la violencia de género desde las leyes. Es una oportunidad, al menos en el Legislativo. Hay quienes están dispuestas a lanzarse al ruedo, como Malú Micher, Jesusa Rodríguez, Citlalli Hernández o Patricia Mercado, quien no pertenece a la bancada morenista. Pero requieren apoyo de las demás mujeres y hombres en el Congreso. El aborto legal para todas deber ser ese primer gran paso que nos lleve a la configuración de políticas públicas mucho más incluyentes. Una jugada para retomar la agenda feminista que constantemente ha sido ignorada en Palacio Nacional.
No se trata sólo del derecho a decidir en su formato más simple: el de una mujer adulta. También es necesario hacerlo accesible en casos donde las opciones están dolorosamente ausentes. En nuestro país, 18 de cada 100 mujeres que se convirtieron en madres, eran menores de edad. Y la cifra, a pesar de lo terrible, es mejor que la que nuestro país registró hace seis años. Según la OCDE, en 2014 había 77 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años. Hoy, miércoles 7 de octubre, 27 adolescentes, casi niñas, de entre 12 y 14 años quedarán embarazadas, 9 mil 800 al año; porque no es un tema de cifras.
Es también un tema de violencia. ¿Cuántas de estas menores fueron víctimas de violación? ¿En cuántos de estos casos, el agresor es alguien cercano a la familia? ¿Cuántos de estos abusos tienen justo término ante la justicia? ¿Cuántas de estas jóvenes truncan su futuro en consecuencia?
Es también un tema de inequidad. La OCDE registra que 2 de cada 10 mujeres inician su vida sexual entre los 12 y 19 años, pero sólo tres de cada diez tuvieron acceso a métodos anticonceptivos y educación en términos de salud sexual y reproductiva. Tres de cada diez, contra uno de cada 10 jóvenes varones. Según los números de la organización, 340 mil embarazos ocurren cada año en menores de 19 años.
Es también un tema de desigualdad social. Conapo reporta que los 414 municipios con alta tasa de fecundidad adolescente, tienen un elemento en común: la pobreza. Factores, tristemente varios: no sólo son agresiones sexuales, son también matrimonios arreglados, otra forma de violencia; son también fallos de la justicia que apelan a “las dos vidas” y que obligan a estas menores a convertirse en madres contra su voluntad. Y si sus condiciones de vida ya limitaban su desarrollo, terminan sepultadas en la pirámide de progreso social.
De eso se trata cuando hablamos de derecho a decidir. Y nos quedamos cortas. La decisión de ser madre no tiene que ser de nadie más que de cada mujer. Pero de igual forma, la ley debe dictarse, ya que niñas y adolescentes obligadas a ello, sea una realidad que dejemos en el pasado. Mujeres adultas yendo a prisión o perdiendo la vida por un aborto mal practicado, también.
Este martes se discutiría una iniciativa para permitir esta práctica a partir de los 12 años. Les dio miedo. Ricardo Monreal aseguró que buscarán escuchar todas las voces y lo mandaron a parlamento abierto. Si de escuchar voces se trata, que oigan a las víctimas de violación. Pero no tendría que ser así, porque mientras los legisladores debaten, la estadística aumenta. Es la oportunidad de la 4T para reivindicar —repito, al menos en el Legislativo— su agenda feminista. Ojalá no la pierdan.
