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Austeridad deja “a pie” a directivos de Pemex; venderán vehículos

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Petróleos Mexicanos (Pemex) rematará 370 vehículos, entre ellos algunos que retiraron a funcionarios, como parte de las políticas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por los que espera recibir 16.2 millones de pesos.

El objetivo es monetizar activos improductivos e insertarlos para su venta en el Programa Anual 2019 de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de Pemex.

El esquema contempla el retiro de autos que la empresa rentaba para gerentes, directores, subdirectores y administradores de las diversas regiones petroleras, por los cuales cubría un arrendamiento anual superior a 2 mil 200 millones de pesos en contratos que concluyen en 2023.

En el oficio DCAS-SSC-001/2019, con fecha del 4 de enero de este año y firmado por Idayalid Martínez Domínguez, subdirectora de Servicios Corporativos de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, se notificó a directivos que deben entregar los vehículos en renta que les fueron asignados “como parte de las acciones de austeridad”.

El documento detalla que las unidades “deben ser entregadas en buenas condiciones, con inventario, documentos y la tarjeta que les permitía cargar combustible sin límites”.

La devolución de las unidades será por área y deben ser entregadas con base en los inventarios que tiene la empresa, una vez que fueron detectados excesos de mandos superiores, “que además de gozar de un bono para la compra de un vehículo, llegaron a tener asignadas hasta dos o más unidades rentadas”.

El pasado 4 de abril, EL UNIVERSAL publicó las modificaciones de la estructura orgánica de Pemex con el fin de “eliminar gastos excesivos, superfluos e improductivos que permitan liberar recursos que hacen falta en actividades sustantivas”.

Reducción de plazas y autos.

Parte de la reestructuración implica suprimir 375 plazas del corporativo y de subsidiarias, entre mandos superiores, asesores, secretarios particulares, choferes y empleados de confianza de áreas administrativas.

La mayor parte de ellos tenía a su disposición no sólo un auto propiedad de la empresa, sino hasta chofer, pero a raíz de las modificaciones de la estructura orgánica les fueron retiradas las unidades, mismas que permanecen en los estacionamientos de Pemex, sin recibir mantenimiento.

En el contrato 2018-952-PMX-DOPA-PC-GCSSS-SA-AD-N-S, de 2018, referente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular fuera de garantía de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se adjudicó de manera directa a la empresa Automotriz y Servicio Integral los trabajos con un valor de 650 mil pesos más IVA.

Por lo pronto, el Consejo de Administración de Pemex en la sesión 939 extraordinaria del 26 de marzo aprobó la desincorporación de 370 unidades en el acuerdo CA-030/2019 y fijó un programa de enajenación que iniciará en el segundo trimestre con la venta de 192 unidades, con valor de 8 millones 448 mil pesos.

En el tercer trimestre se rematarán otras 88, por las cuales espera obtener 3 millones 872 mil pesos. En tanto, para el cuarto trimestre serán ofertadas las restantes 90 unidades, con un valor de 3 millones 960 mil pesos.

De acuerdo con las estimaciones de la petrolera, se espera recuperar 16 millones 280 mil pesos por la desincorporación de estos activos.

La Dirección Corporativa de Administración y Servicios, a través de la Subdirección de Administración y Patrimonio, entregará un informe del inventario del programa al máximo órgano de gobierno de la petrolera en la última sesión ordinaria de 2019.

EL UNIVERSAL solicitó a Pemex la lista de los autos que serán rematados, modelos y entidad en donde fueron emplacados, así como el número de unidades rentadas y su costo, pero no obtuvo respuesta.

A partir de 2011 y con el surgimiento de la figura de arrendamiento vehicular en dependencias de gobierno, luego de que la Secretaría de Hacienda restringiera la compra de unidades en 210 dependencias, con la idea de tener ahorros en el gasto público, la petrolera recurrió a este esquema.

Sin embargo, en marzo de 2016, durante la comparecencia ante diputados, al entonces director de Pemex, José Antonio González Anaya, se le cuestionó por los contratos de arrendamiento vehicular que firmó su antecesor Emilio Lozoya y que comprometieron el pago de más de 4 mil 800 millones de pesos por la renta de 2 mil 252 camionetas.

Los legisladores detectaron en ese momento “sobreprecios de hasta 60% en comparación con vehículos similares arrendados por el IMSS”.

Como parte del Programa Anual de Enajenación de Bienes Inmuebles 2019, Pemex también prevé vender desechos. Así, ofertará 33 millones de kilogramos de desechos con valor de 66 millones de pesos.

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Todo el apoyo del gobierno federal para salir adelante en seguridad en Veracruz: Alfonso Durazo

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El secretario de Seguridad Publica,  reiteró que habrá todo apoyo del gobierno federal para resolver el problema de inseguridad, dijo el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo.

“Todo el apoyo del gobierno federal para salir adelante en materia de seguridad”.

El funcionario federal reiteró que hay confianza y coordinación con el gobierno estatal.

Al salir de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, saludó a personas que esperaban ver al mandatario y otros entregarle oficios.

Al ser cuestionado sobre los compromisos de López Obrador en la reunión de seguridad, previa a la conferencia, Durazo, aseguró que se atenderá la raíz de las causas de generan la violencia.

“Visión amplia para atender la raíz de las causas que generan la inseguridad”.

Después de saludar a la gente y tomarse selfies con las personas que echaban porras al presidente y gobernador, subió a su vehículo y se retiró.

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Piratería y contrabando dejan pérdidas de hasta de 43 mil mdp

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En México urge retomar de manera eficaz el control de las aduanas para impedir la entrada de artículos piratas y de contrabando, los cuales dejan pérdidas económicas de hasta 43 mil millones de pesos anuales.

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, aseguró que este “mercado negro” genera ganancias descomunales porque ha sabido conformar cadenas de abasto, suministro y comercialización inquebrantables.

Ello, sostuvo, porque un vendedor informal en el país gana hasta 500 pesos diarios, cuando quienes trabajan de manera formal sólo obtienen 100 pesos.

A unos días del pronunciamiento contra la piratería por parte de la Administración General de Aduanas, señaló que el mercado informal también va en aumento por la mercancía obtenida de los robos al transporte de carga en todo el país, de los cuales hay un registro de al menos cinco mil 538 carpetas de investigación por denuncias de 2018 y lo que va de 2019.

“El gobierno necesita revisar la política arancelaria, que el costo de los impuestos de los productos que ingresan al país no sean una desventaja para el comercio formal”, enfatizó el dirigente empresarial.

El reto económico del país es gigante por la evasión fiscal que generan la piratería y el contrabando, pues laceran la economía de las empresas formales y promueven una competencia económica desleal que afecta a productores, empresarios y titulares de propiedad intelectual.

Sin embargo, continuó, el problema va más allá porque ahuyenta a la inversión privada, nacional y extranjera, y daña las finanzas públicas por el surgimiento de una economía paralela no regulada.

Para Cuauhtémoc Rivera, el panorama del Fondo Monetario Internacional (FMI) y demás entidades financieras respecto al crecimiento económico nacional que no rebasará el 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos dos años, no puede dar cabida a una política recaudatoria con reformas que expriman aún más los bolsillos de las familias, empresarios y comerciantes que trabajan de manera formal y pagan impuestos.

“(Ello) mientras los piratas del mercado negro se sirven con la cuchara grande, con total impunidad”, insistió, al recordar que México ocupa el cuarto lugar mundial en delitos de piratería y contrabando, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

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Difusión de ingresos no viola protección de datos de burócratas

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La reciente publicación de la nómina de todos los empleados del gobierno federal por parte de la Secretaría de la Función Pública, no viola el principio de protección de datos personales, afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Javier Acuña Llamas.

En entrevista con Notimex, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) explicó que la nueva plataforma es parte de un esfuerzo a favor de la apertura gubernamental.

Explicó que la publicación de la nómina del gobierno federal es parte de las obligaciones en la materia que se encuentran en la ley, y los funcionarios públicos deben saber que por serlo, están sujetos a que la ciudadanía conozca cuánto ganan.

Respecto al argumento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el sentido de que publicar el salario de los profesores puede ponerlos en riesgo de extorsión, secuestro u otros delitos, Acuña Llamas descartó que ello sea un argumento para evitar la transparencia.

Lamentablemente, reconoció, en casi todos los estados de la República hay lugares donde los funcionarios públicos son susceptibles a riesgos de ese tipo, y no se aplican excepciones.

Recordó que el salario de los funcionarios públicos se paga con impuestos y precisamente por eso el movimiento a favor de la transparencia (que dio origen al IFAI, primero y al INAI, ahora), ha luchado porque se conozca cuánto ganan los empleados del gobierno en todos los niveles.

No se puede desconocer el riesgo de la inseguridad, incluso en sus modalidades de extorsión telefónica que salen muchas veces de los penales o de otras formas más o menos violentas e incluso más directas, pero se trata de un trabajo que corre por otra vía, dijo el presidente del INAI.

El Estado en su conjunto, subrayó, debe de hacer un esfuerzo para acabar con la inseguridad, pero la realidad de la violencia no puede anteponerse para buscar excepciones en la transparencia.

Si hoy se exenta a los profesores de publicar sus salarios por el riesgo de inseguridad, mañana todos los demás empleados públicos pueden argumentar lo mismo y se estaría retrocediendo en el tiempo al momento en que se luchaba por lograr la transparencia.

En ese sentido, Acuña Llamas sostuvo que la publicación de los salarios identificados por el nombre de los funcionarios no viola la Ley, ni la protección de datos personales y, por el contrario, nos tenemos que acostumbrar a vivir con ello.

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