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Mexicanos, con derecho a tener armas en su domicilio para legítima defensa

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Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, señala el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

El documento, publicado hoy por la Secretaría de Gobernación y expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de marzo, precisa en su artículo 10 que no se podrán tener en los hogares las armas prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva.

El decreto, aparecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica en su artículo 10 que “La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.

En un artículo único apunta “Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

En el artículos 16 agrega que “Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”.

En el artículo 21, incisos c) a e), puntualiza que “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.

“La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.

“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género”.

En los transitorios indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes.

Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto.

La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República.

En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan.

De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.

Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones.

La ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad.

Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.

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Todo el apoyo del gobierno federal para salir adelante en seguridad en Veracruz: Alfonso Durazo

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El secretario de Seguridad Publica,  reiteró que habrá todo apoyo del gobierno federal para resolver el problema de inseguridad, dijo el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo.

“Todo el apoyo del gobierno federal para salir adelante en materia de seguridad”.

El funcionario federal reiteró que hay confianza y coordinación con el gobierno estatal.

Al salir de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, saludó a personas que esperaban ver al mandatario y otros entregarle oficios.

Al ser cuestionado sobre los compromisos de López Obrador en la reunión de seguridad, previa a la conferencia, Durazo, aseguró que se atenderá la raíz de las causas de generan la violencia.

“Visión amplia para atender la raíz de las causas que generan la inseguridad”.

Después de saludar a la gente y tomarse selfies con las personas que echaban porras al presidente y gobernador, subió a su vehículo y se retiró.

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Piratería y contrabando dejan pérdidas de hasta de 43 mil mdp

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En México urge retomar de manera eficaz el control de las aduanas para impedir la entrada de artículos piratas y de contrabando, los cuales dejan pérdidas económicas de hasta 43 mil millones de pesos anuales.

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, aseguró que este “mercado negro” genera ganancias descomunales porque ha sabido conformar cadenas de abasto, suministro y comercialización inquebrantables.

Ello, sostuvo, porque un vendedor informal en el país gana hasta 500 pesos diarios, cuando quienes trabajan de manera formal sólo obtienen 100 pesos.

A unos días del pronunciamiento contra la piratería por parte de la Administración General de Aduanas, señaló que el mercado informal también va en aumento por la mercancía obtenida de los robos al transporte de carga en todo el país, de los cuales hay un registro de al menos cinco mil 538 carpetas de investigación por denuncias de 2018 y lo que va de 2019.

“El gobierno necesita revisar la política arancelaria, que el costo de los impuestos de los productos que ingresan al país no sean una desventaja para el comercio formal”, enfatizó el dirigente empresarial.

El reto económico del país es gigante por la evasión fiscal que generan la piratería y el contrabando, pues laceran la economía de las empresas formales y promueven una competencia económica desleal que afecta a productores, empresarios y titulares de propiedad intelectual.

Sin embargo, continuó, el problema va más allá porque ahuyenta a la inversión privada, nacional y extranjera, y daña las finanzas públicas por el surgimiento de una economía paralela no regulada.

Para Cuauhtémoc Rivera, el panorama del Fondo Monetario Internacional (FMI) y demás entidades financieras respecto al crecimiento económico nacional que no rebasará el 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos dos años, no puede dar cabida a una política recaudatoria con reformas que expriman aún más los bolsillos de las familias, empresarios y comerciantes que trabajan de manera formal y pagan impuestos.

“(Ello) mientras los piratas del mercado negro se sirven con la cuchara grande, con total impunidad”, insistió, al recordar que México ocupa el cuarto lugar mundial en delitos de piratería y contrabando, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

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Difusión de ingresos no viola protección de datos de burócratas

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La reciente publicación de la nómina de todos los empleados del gobierno federal por parte de la Secretaría de la Función Pública, no viola el principio de protección de datos personales, afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Javier Acuña Llamas.

En entrevista con Notimex, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) explicó que la nueva plataforma es parte de un esfuerzo a favor de la apertura gubernamental.

Explicó que la publicación de la nómina del gobierno federal es parte de las obligaciones en la materia que se encuentran en la ley, y los funcionarios públicos deben saber que por serlo, están sujetos a que la ciudadanía conozca cuánto ganan.

Respecto al argumento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el sentido de que publicar el salario de los profesores puede ponerlos en riesgo de extorsión, secuestro u otros delitos, Acuña Llamas descartó que ello sea un argumento para evitar la transparencia.

Lamentablemente, reconoció, en casi todos los estados de la República hay lugares donde los funcionarios públicos son susceptibles a riesgos de ese tipo, y no se aplican excepciones.

Recordó que el salario de los funcionarios públicos se paga con impuestos y precisamente por eso el movimiento a favor de la transparencia (que dio origen al IFAI, primero y al INAI, ahora), ha luchado porque se conozca cuánto ganan los empleados del gobierno en todos los niveles.

No se puede desconocer el riesgo de la inseguridad, incluso en sus modalidades de extorsión telefónica que salen muchas veces de los penales o de otras formas más o menos violentas e incluso más directas, pero se trata de un trabajo que corre por otra vía, dijo el presidente del INAI.

El Estado en su conjunto, subrayó, debe de hacer un esfuerzo para acabar con la inseguridad, pero la realidad de la violencia no puede anteponerse para buscar excepciones en la transparencia.

Si hoy se exenta a los profesores de publicar sus salarios por el riesgo de inseguridad, mañana todos los demás empleados públicos pueden argumentar lo mismo y se estaría retrocediendo en el tiempo al momento en que se luchaba por lograr la transparencia.

En ese sentido, Acuña Llamas sostuvo que la publicación de los salarios identificados por el nombre de los funcionarios no viola la Ley, ni la protección de datos personales y, por el contrario, nos tenemos que acostumbrar a vivir con ello.

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