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Mexicanos, con derecho a tener armas en su domicilio para legítima defensa

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Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, señala el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

El documento, publicado hoy por la Secretaría de Gobernación y expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de marzo, precisa en su artículo 10 que no se podrán tener en los hogares las armas prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva.

El decreto, aparecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica en su artículo 10 que “La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.

En un artículo único apunta “Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

En el artículos 16 agrega que “Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”.

En el artículo 21, incisos c) a e), puntualiza que “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.

“La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.

“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género”.

En los transitorios indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes.

Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto.

La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República.

En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan.

De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.

Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones.

La ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad.

Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.

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Desconoce Secretario de Salud cierre de unidades de IMSS-Prospera

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El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que desconocer si en verdad cerraron 300 Unidades Médicas Urbanas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues eso afectaría al programa Bienestar.

Luego de tomar protesta a Luis Alonso Herrera como nuevo director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMegen), informó que buscará a Gisela Lara Saldaña, titular de IMSS-Bienestar, a quien se hace responsable de esa información, según publicó este lunes el periódico El Universal.

“No estoy seguro que sea así (que hayan cerrado) porque realmente son parte de una situación, la primera más importante, los centros de salud en el IMSS-Bienestar. Son los que van a consolidar mucho la atención primaria en salud, hay que analizarlo, ver por qué salió”, indicó el funcionario federal.

En relación con los recursos para los institutos nacionales de salud, recordó que la Secretaría de Hacienda les devolvió el dinero que había congelado porque esas áreas están funcionando con normalidad.

En el caso del INMegen, Alcocer Varela detalló que tendrán que revaluarse sus funciones para que haya una mayor interpelación con otros institutos para llevar a la práctica los avances en genómica.

“Debemos recordar que los otros institutos, si bien tienen investigación, también dan asistencia a la población y tienen docencia, por eso la idea de dar más eficiencia a ese camino que es costoso y difícil, pero necesario, para aplicar las pruebas genéticas y medicina de precisión en la medida posible en el área clínica”, planteó.

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#NoMásDerroches va por suspensión definitiva de aeropuerto Santa Lucía

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Si la autoridad judicial concede la definitividad de las suspensiones provisionales obtenidas con motivo de los 147 juicios de amparo presentados por el colectivo #NoMásDerroches, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía se detendría al menos un año y se preservarían las obras del de Texcoco.

Luis Asali Harfuch, integrante de dicho colectivo y parte del equipo legal, expuso que mientras estén las suspensiones el Gobierno Federal no puede empezar a construir Santa Lucía y si no puede “no veo cómo puede terminar en dos o tres años”, como ha afirmado el titular del Ejecutivo Federal.

Informó que hasta ahora se han dictado cinco resoluciones, en cuatro se ha dado la suspensión de dichas obras y en la última de éstas también la presentación de los trabajos realizados en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, y una definitiva.

“Estamos esperando que las cuatro que son suspensiones provisionales se conviertan en las próximas tres semanas en una suspensión definitiva que sea dictada por el juez que lleva el asunto”, dijo Luis Asali Harfuch en entrevista.

Indicó que todos los jueces siguen el criterio de su superior y la suspensión provisional fue otorgada por tribunales colegiados; lo normal sería que se resuelva en los mismos términos y se otorgue suspensión definitiva, la cual dura todo el tiempo que lleve resolver el juicio de amparo, alrededor de un año.

Por tanto, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía tendría que detenerse y al mismo tiempo conservarse el avance que tienen las obras del de Texcoco hasta que los juicios se resuelvan definitivamente.

Señaló que Santa Lucía está condicionado a que se redacten permisos ambientales y antropológicos, así como de seguridad, estos últimos dependen de organismos internacionales que tardan años en realizar estudios para autorizarlo.

Confió en que una vez que expertos en la materia, con datos duros, han externado la inviabilidad del proyecto de Santa Lucía, que costaría cuatro veces más de los 50 mil millones de pesos que se dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dé marcha atrás al “capricho” tan caro que representa esa obra.

En su opinión, “no hay duda que todos los datos duros apuntan que Santa Lucía no es viable y Texcoco es lo mejor que puede haber”.

A su juicio, el aeropuerto propuesto por el mandatario federal no tiene ventaja alguna desde el punto de vista económico, de funcionalidad o de rendimiento de inversión, además no tiene permiso ambiental ni antropológico, ni algún estudio, nada.

“No puede ser que cambies un proyecto que tiene todo y que puede ser exitoso, que está avanzado y que no necesita el Estado ponerle dinero”, porque los 80 mil millones de pesos que faltaban ya había dicho la iniciativa privada que los ponía, agregó el abogado.

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Greenpeace señala que no todos los plásticos se pueden reciclar

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Greenpeace México dio a conocer que debido a que los siete tipos de plásticos que existen en el mundo se elaboran y componen de distintos materiales, al pasar a ser residuos, no todos se pueden reciclar.

En su página de Internet, la organización ecologista precisó que de acuerdo con la clasificación realizada en 1988 por la Sociedad de la Industria de Plásticos se conoce que existen siete variedades.

Éstas son el PET (Tereftalato de Polietileno), HDPE (Polietileno de alta densidad), PVC (Polivinilo), LDPE (Polietileno de baja densidad), PP (Polipropileno), PS (Poliestireno), el último grupo corresponde a plásticos y materiales compuestos por el PC (Policarbonato).

Según datos de Greenpeace México muchos de estos terminan en los océanos, lo que además de contaminar, daña el hábitat de unos 100 mil mamíferos marinos que mueren cada año.

Debido a que no se pueden reciclar, muchos de ellos son incinerados y esto provoca que las partículas contaminantes estén en el aire que respiran todos los seres humanos.

Además es difícil trabajar los que fueron degradados por el sol durante son mucho tiempo porque pierden calidad, en el caso de los plásticos de color, sus pigmentos podrían dañar las máquinas de procesamiento.

Otros enfrentan el problema de que se desconoce su composición y esto podría alterar todo el proceso de reaprovechamiento. El PVC que mayormente se utiliza en cañerías desprende partículas tóxicas, así como otros necesitan un procesamiento químico para su reciclaje que suele ser contaminante, ineficiente y costoso.

Estas restricciones para darle un manejo adecuado y la escasa cultura del cuidado al planeta, han provocado que el 90 por ciento de los plásticos que hoy existen en el mundo no hayan pasado nunca por un proceso de reciclaje.

Por ello, para contribuir a un planeta libre de plásticos la solución no es el reciclaje de estos materiales, sino que su prohibición es el camino más viable.

La organización ecologista indicó que es posible aminorar el problema de contaminación de estos materiales mediante la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), con la que empresas no podrán producir, vender y distribuir plásticos que no se puedan reutilizar.

Notimex

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