Las instalaciones de la presa Yuribia fueron liberadas por ejidatarios de Tatahuicapan luego de más de 90 horas, informó la oficina local de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Por medio de un comunicado, la dependencia precisó que a las 08:12 horas ingresaron trabajadores a la planta potabilizadora para revisar las instalaciones y que se reanude el suministro hacia Coatzacoalcos, parte de Minatitlán y Cosoleacaque.

Sin embargo, se desconoce el plazo que tomará el restablecimiento del servicio de agua potable que reciben del acueducto medio millón de personas.

De manera extraoficial, se supo que los pobladores de Tatahuicapan se retiraron tras la validación de la minuta firmada durante la tarde del miércoles en Chinameca.

Los acuerdos incluirían el desistimiento de las denuncias penales en contra de los responsables, la rehabilitación de caminos del campo, saca cosechas, obras e insumos para el campo.

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El municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, se encuentra en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, de acuerdo con el último reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

En tanto que un total de 15 ciudades mexicanas se encuentran dentro de este listado que refiere entre los diez primeros lugares a cinco ciudades mexicanas como son Tijuana, Baja California Norte, y seguido está Acapulco, Guerrero; Cancún, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa; Uruapan, Michoacán; Ciudad Obregón, Sonora; Coatzacoalcos, Veracruz; Celaya, Guanajuato; Ensenada, Baja California Norte; Tepic, Nayarit; Reynosa, Tamaulipas; y Chihuahua, Chihuahua.

El estudio fue realizado en urbes con más de 300 mil habitantes y que tienen las tasas de homicidio más elevadas del mundo pero no incluye a poblaciones en guerra como Siria, Irak, Afganistán, Sudán o Ucrania, pues la mayoría de las muertes violentas no corresponden a la definición universalmente aceptada de homicidio, sino a muertes provocadas por operaciones de guerra, de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.

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Aunque el alcalde Víctor Carranza Rosaldo interpuso una denuncia penal contra quienes resulten responsables por toma de la presa Yuribia, ésta carece de representación jurídica, ya que la función de apoderado legal corresponde a la sindicatura, afirmó la síndica Yazmín Martínez Irigoyen.

En conferencia de prensa, la funcionaria aclaró que no fue considerada para tales efectos y destacó que antes de proceder de esa forma es necesario agotar el diálogo.

“No representa al municipio, no sé de qué manera lo hicieron, no sé quién haya firmado. Si es el coordinador jurídico no tiene ninguna representación legal por Ley Orgánica; si es el presidente tampoco; no sé cómo hicieron la denuncia. A lo mejor lo hizo el presidente de manera personal, quiero entender que eso es, ya él sabrá”, expresó.

Para resolver el problema con la presa Yuribia, Martínez Irigoyen propuso que el Cabildo revise el convenio que piden los ejidatarios.

Recordó que, durante el año pasado, la Tesorería Municipal autorizó apoyos en especie para los campesinos que tomaron la planta potabilizadora, entre ellos Inocente Bautista Luis y puntualizó que a ella únicamente le tocó entregar en agosto rollos de alambre y fertilizante que fueron solicitados por escrito a la alcaldía.

“Pidieron rollos de alambre y fertilizantes, lo único que hizo Sindicatura es hacer otro oficio a la Tesorería como cualquier otro trámite o gestión que se realiza con cualquier ciudadano que viene a la Sindicatura pidiendo a Tesorería el apoyo para estos ejidatarios. Una vez que hablé con el tesorero quedamos en que no había presupuesto de todo lo que se le estaba pidiendo; sin embargo, para apoyar de alguna manera la mitad de lo que estaban solicitando.

Solamente se llevó a cabo ese apoyo, quiero recalcar que yo no manejé ni un peso, el síndico no maneja ni un peso, es el representante legal”, manifestó.

ALCALDE RETIRARÍA DENUNCIA

El alcalde Víctor Carranza Rosaldo confirmó que interpuso una denuncia penal en contra de los responsables de la toma y cierre de las válvulas de la presa YuriBia; sin embargo, el presidente municipal dijo que está dispuesto a retirar los cargos si con ello es liberada la planta potabilizadora.

Afirmó que emprendió acciones legales debido a que la situación ha afectado a miles de personas, pues consideró que hay delitos como sabotaje, despojo y daños a terceros que deben ser investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Fue contra quien resulte responsable, porque hay afectaciones de derechos humanos de todos nosotros, eso no se debe de permear y permitir.

Eso ya (de retirar la denuncia) cuando me lo indiquen, no es nada más a oídas o decir, cada quien tiene competencia, hay que responder acorde a esto. Estamos disponibles a hacer lo que se tenga que hacer, pero no de esa forma”, manifestó.

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