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Cae Erick Uriel “N”, presunto implicado en caso Iguala

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 La Procuraduría General de la República (PGR) informó la detención de Erick Uriel “N”, probable integrante de una organización criminal en Guerrero y presunto implicado en la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Por Erick y otros individuos se ofreció una recompensa de un millón 500 mil pesos por su probable responsabilidad por los delitos ocurridos en agravio de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa”, informó, Alfredo Higuera Beltrán, titular de la Oficina de Investigación para el Caso Iguala de la PGR.

En la sede de la PGR y en un mensaje a medios, el funcionario refirió que particularmente Erick Uriel “N” es señalado dentro de la investigación del caso Iguala como uno de los sujetos que tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los normalistas.

Este sujeto cuenta con una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en breve será puesto a disposición del juez que lo requiere e internado en un Centro Federal de Readaptación Social.

Acompañado por el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, dijo que Erik Uriel “N” es un “generador de violencia en la zona del Río Balsas, en el estado de Guerrero, y tiene diversas investigaciones abiertas, por lo que ya rinde su declaración.

De acuerdo con el funcionario de la PGR, a este sujeto le fue leída la cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, y en todo momento se respetaron sus derechos y por las características del operativo no fue necesario hacer uso de la fuerza.

Refirió que fueron elementos de la División de Investigación de la Policía Federal quienes capturaron a Erick Uriel “N”, alias “La Rana”, y tuvo una participación decisiva en los hechos registrados en el año 2014.

En octubre de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de hasta 1.5 millones de pesos a quien ofreciera información sobre el paradero de esta persona y otros involucrados en el caso Iguala.

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Inegi se rebela contra AMLO; se aumentan salarios

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Tras la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y antes de que entre en vigor, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) modificó al alza su manual de percepciones de sueldos y salarios.

Según el instituto, que es el órgano autónomo encargado de medir la inflación, la decisión, que fue aprobada por la Junta de Gobierno, se hizo con el único objetivo de mantener el poder adquisitivo de su personal.

Los ajustes en el Inegi se dan ante la política de austeridad que planea aplicar el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual incluye la reducción de sueldos y salarios de funcionarios y que nadie puede ganar más que el presidente de México (108 mil pesos mensuales).

Las modificaciones del instituto incluyen los tabuladores de percepciones brutas mensuales del personal de mando y enlace de carácter presupuestal permanente actualizados, así como de la ayuda de despensa para personal de mando y enlace, y la prima por años efectivos de servicio prestado.

Los cambios, que entraron en vigor la semana pasada, se hicieron para el ejercicio 2018 y representan un aumento por arriba de la inflación y respecto a los aprobados para 2017.

Además, el ajuste se realizó sobre lo que había autorizado la Junta de Gobierno del órgano autónomo en diciembre del año pasado para el manual de percepciones que entró en vigor en enero de 2018.

De acuerdo con el nuevo tabulador, el presidente del Inegi tendrá una percepción ordinaria bruta mensual sin impuestos de 217 mil 257 pesos, cantidad que es mayor a los 108 mil pesos que es el tope para que nadie gane más que el Presidente.

Así, se establece que por sueldos y salarios el límite en la percepción del presidente del Inegi es de 151 mil 82 pesos al mes libres, lo que representa un incremento de 6.5% en comparación con 2017 y superior a los 145 mil 298 pesos mensuales aprobados inicialmente para este año.

Por prestaciones en efectivo y en especie el máximo será de 47 mil 107 pesos, un aumento de 6.6% respecto a 2017 contra los 45 mil 338 pesos que se aprobaron originalmente.

Sumando estas dos cantidades, la percepción total ordinaria del presidente del Inegi es de 198 mil 189 pesos al mes, frente a los 185 mil 897 pesos que se aprobaron para 2017 y a los 190 mil 636 pesos que estaba ganando este año.

La Junta de Gobierno del Inegi está integrada por el presidente y cuatro vicepresidentes que se encargan de generar la información de geografía y medio ambiente, demográfica y social, información económica y la de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia.

Para cada uno de los vicepresidentes, el sueldo ordinario total pasó de 131 mil 959 pesos de 2017 a 144 mil 635 pesos con la actualización, cuando tenían un alza aprobada para 2018 de 139 mil 61 pesos al mes.

Con el ajuste, las prestaciones en efectivo y en especie quedaron en 45 mil 45 pesos desde los 41 mil 150 aprobados para el año pasado.

Los sueldos para el personal de menor rango, como el operativo, se establecieron entre 8 mil 267 como mínimo y 11 mil 565 pesos como máximo frente a los 7 mil 532 pesos y 10 mil 766 pesos en cada caso en 2017.

En el manual aprobado originalmente para este año iba entre los 7 mil 836 pesos y 11 mil 51 pesos.

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Deducciones. Las deducciones aprobadas, es decir, lo que se les resta del sueldo bruto mensual, incluyen el ISR para todos los niveles del personal.

También, 6.125% de su salario para el seguro de retiro y las cuotas al ISSSTE, 2.75% de su salario para el seguro de salud de los trabajadores en activo y sus familiares, 0.625% para el seguro de salud para pensionados y familiares y otro porcentaje igual para el seguro de invalidez y vida, así como 0.5% para servicios sociales y culturales.

Las sumas aseguradas del seguro de retiro colectivo para los servidores públicos que eligieron el sistema de pensiones basado en cuentas individuales para 2017 y 2018 se estableció en 25 mil pesos.

Seguros. Tienen como prestación seguros de vida para todos los niveles, con una suma de 40 meses de la percepción ordinaria mensual.

Para el seguro de gastos médicos mayores, la suma asegurada básica va de 74 a 295 salarios mínimos generales mensuales vigente, es decir, que la mínima es para el personal de enlace y la más alta para el presidente y vicepresidentes del Inegi.

El seguro de separación individualizado es para todos los niveles, mediante el cual se cubre un monto equivalente a 2%, 4%, 5% o 10% de la percepción ordinaria que se incorpore al mismo, según corresponda, por concepto de aportación ordinaria que se elija.

El importe de los rendimientos que generen tendrá como base la suma de ambas aportaciones.

Despensa y transporte. La ayuda para despensa consiste en el otorgamiento de 685 pesos mensuales al personal operativo y de 465 pesos al personal de enlace y mando.

En el caso de las prestaciones al personal operativo se incluye ayuda de transporte, con 500 pesos al mes.

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Nosotras éramos más que un objeto de lujo: extrabajadora de Zona Divas

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“Cuando yo trabajaba en Zona Divas eran otros tiempos. Los actores y políticos nos hacían regalos y las fiestas eran increíbles. Mucha gente ahora critica a Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, El Soni, pero hace unos años la gente lo saludaba en los restaurantes y nosotras éramos más que un objeto de lujo”.

“Ahora la gente lo señala y lo crucifica, pero hace siete u ocho años era algo muy común. Una diva era un objeto de lujo, No todas éramos divas, era un lujo. ¡Éramos un objeto de lujo! Algo bonito de ver, de cuidar, de mirar, pero no éramos algo que cualquiera pudiera adquirir”.

El que podía tener a su lado a una diva era una persona con un cierto estatus económico”, aseguró la exdiva Brenda Stewart, en entrevista para Excélsior.

La mujer, de nacionalidad argentina, asegura que a ella nadie la obligó a venir a trabajar como sexoservidora.

Brenda dijo que es rotundamente falso que les retuvieran sus documentos, aunque admitió que sí debían pagar su pasaje de avión a México, pero la puerta siempre estaba abierta para la que quería irse o inclusive regresar a su país.

“A mí nadie me obligó. Nadie me dijo que pagara nada. Yo no le debía nada a él ni él me debía nada a mí, yo simplemente llegué, me hice mis fotos. Punto. Ése fue todo el negocio”.

Cuando Brenda Stewart llegó a México, Zona Divas pagaba el boleto de avión de las mujeres y al llegar a la Ciudad de México las recibían en el aeropuerto, desde donde eran trasladadas a una casa que tenía todos los servicios. En ese lugar es donde les explicaban a las mujeres cómo funcionaba el negocio.

A cada cliente se le cobraban dos mil 500 pesos. La “agencia” se quedaba con 40 por ciento de cada servicio, lo que quiere decir que las mujeres pagaban mil pesos por cada uno de sus clientes.

Adicionalmente, ellas debían pagar entre 10 mil y 13 mil pesos para hacerse un “book” de fotografías, es decir un portafolio fotográfico, con lo que ellas serían publicitadas en el portal de internet.

La entrevistada asegura que, por los permisos de trabajo, existía la posibilidad –si así lo quería la interesada–de sólo permanecer en México por un lapso de 25 días.

“Para nosotras él (El Soni) era nuestra mejor opción. No te equivoques. Él no obligaba a nadie, había fila de mujeres interesadas para venir”.

“Se nos daba la posibilidad de estar 25 días. Nadie te obligaba. Si vos no querías seguir, la puerta siempre estaba abierta. ‘Andate, ¿te querés ir al aeropuerto? Te podés ir’. Nunca hubo eso de que te voy a retener”.

“Pero te lo aclaraban, ‘si salís por esa puerta, no volvés y lo que te pase es tu responsabilidad’”, explicó.

Brenda asegura que la casa donde vivían era espectacular.

Era una casa de tres pisos, con un chofer y una señora que hacía la limpieza y que no te cobran nada adicional por sus servicios, porque yo había visto y conocido en eventos a chicas que venían con otras agencias y les cobraban la limpieza y también la comida. A nosotras no”.

La argentina considera que este tipo de servicios se deben legalizar y piensa que El Soni incurrió en un delito de carácter fiscal, pero no en uno penal. “Yo no digo que por ahí (El Soni) no tenga alguna culpa. Tal vez no pagó impuestos, por ahí hizo un montón de cosas que no estaban bien. Lógicamente cada quien sabe lo que hace y tiene que pagar por eso, pero tampoco vamos a decir que el tipo era tan macabro”, puntualizó.

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Vinculado a Duarte, dueño de empresas por donde desviaron 164 mdp de la Sedatu

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Una red de 11 empresas fantasma usada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos de Rosario Robles, está ligada con el ex gobernador de Veracruz, Javier “N”.

De acuerdo con publicación del diario reforma, en las actas de cinco compañías por las que transitó el dinero saqueado de Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, de Tuxtla Gutiérrez, quien a la vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte.

Refiere que cinco empresas están ligadas con otras seis que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales, según información obtenida por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); y destaca que en la red chiapaneca de empresas fantasma se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo S. A. de C. V. (Telemax).

Reforma informa que toda esta red tiene su base de operaciones en Chiapas y es distinta a la que reveló REFORMA el pasado 11 de septiembre y que en ambos casos se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y con Televisora de Hermosillo.

Menciona que entre la red de empresas usadas para desviar recursos de la Sedatu figura Agatha Líderes Especializados S.A. de C.V, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos y que esta compañía había sido constituida el 31 de marzo de 2012 por un muchacho de 23 años de edad que acreditó como domicilio una humilde vivienda de un piso en una colonia popular del Municipio de Soledad de Graciano, en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Al poco tiempo de haberla creado, la mudó a Chiapas.

La publicación revela que el 21 de septiembre de 2016, ese mismo joven que fundó la empresa Agatha nombró como apoderado general a Alfonso Gómez Méndez, residente del barrio Niño de Atocha, de Tuxtla Gutiérrez, quien funge como dueño mayoritario de Principal Enajena S.A. de C.V., un despacho que ha sido reportado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por simular operaciones y que durante el sexenio de Javier Duarte formó parte del esquema de empresas fantasma utilizado para el desvío de recursos.

Da a conocer que la Principal Enajena fue creada el 14 de noviembre de 2011 en Tuxtla Gutiérrez por Gómez Méndez, quien figuró como dueño del 90 por ciento de las acciones, además de fungir como administrador y gerente único, de acuerdo con la información recopilada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Y que su socio era un empleado de 41 años que tenía su domicilio en una casita de un piso en el barrio Colón de la capital chiapaneca.

Señala que en el acta constitutiva, Gómez Méndez dijo haber nacido el 10 de marzo de 1960, ser empleado y con domicilio en una casa de un nivel en una privada del barrio Niño de Atocha. En las actas de otras empresas en las que también funge como socio, declaró ser comerciante, haber nacido el 10 de mayo de 1960 y vivir en otra vivienda que está a una cuadra de la anterior.

Subraya que aunque aparentemente se trataba de dos personas, se confirmó que en realidad es una misma que aportó información distinta ante los notarios que constituyeron 6 de las empresas en las que funge como socio o apoderado. Lo anterior se corroboró al cotejar la credencial de elector que presentó para identificarse, con número de folio 1650012107191.

Destaca que la Principal Enajena obtuvo contratos por asignación directa por 9 millones 500 mil pesos en el Gobierno de Javier Duarte, por concepto de supuestos servicios de comunicación y difusión, de acuerdo con un informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, cuando hizo la revisión de contratos de publicidad; no obstante, señala que dichos servicios nunca se prestaron, pues la empresa no contaba ni con instalaciones ni infraestructura. El domicilio fiscal que aportó en los contratos corresponde a una pequeña casa de un piso, con techo de lámina, en la colonia La Pimienta, de Tuxtla Gutiérrez.

Cita que a partir de una serie de visitas de inspección realizadas por empleados de la Secretaría de Hacienda de Chiapas se declaró a la empresa como “no localizada” y fue notificada al SAT, la cual desde el pasado 26 de enero de 2017 la incluyó en su lista negra por presunta simulación de operaciones. Por lo que de simular la prestación de servicios con el gobierno de Duarte, Gómez Méndez pasó a ser subcontratista de la Sedatu.

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