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Gobierno argentino confirma política de “mano dura” contra inseguridad

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El gobierno argentino ratificó que ejercerá una política de “mano dura” contra la inseguridad a partir del caso de un policía que asesinó por la espalda a un delincuente y que provocó un debate nacional.

El endurecimiento de este tipo de estrategias que fortalece a cuerpos policiales adictos al “gatillo fácil”, es decir que disparan con suma facilidad, se da en medio de una drástica caída de popularidad del presidente argentino Mauricio Macri.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió este martes que la doctrina cambió y que, para el gobierno, los policías son inocentes a priori, ya que si matan, según ella, lo hacen en cumplimiento de su deber.

“Esto lo que va a terminar es con la idea de que cada vez que un policía actúa, se discute si tiene que actuar. Si quieren, tenemos policías sin armas y vamos a ver cómo nos va”, retó la funcionaria.

A finales de 2017, el policía Oscar Chocobar disparó por la espalda a Pablo Kukok, quien había acuchillado a un turista estadunidense.

El delincuente, de 18 años, murió a causa de los balazos y el policía, que no estaba en servicio en el momento de los hechos, fue procesado y embargado luego que el juez Enrique Velázquez lo acusó de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa”.

De manera sorpresiva, con el caso judicial en marcha, el propio Macri recibió y respaldó a Chocobar, quien mintió en su declaración, además que después un video comprobó que le había disparado por la espalda y a varios metros de distancia a Kukok.

La ministra de Seguridad confirmó que la reacción oficial significa que el Poder Ejecutivo cambió la doctrina para que los policías no sean considerados culpables “en un enfrentamiento”.

El gobierno tiene a su favor que hay un sector de la sociedad argentina que aplaude las ejecuciones de delincuentes, aunque no se respete su derecho al debido proceso.

Además, las promesas de combatir con mayor énfasis la inseguridad, uno de los problemas prioritarios para los argentinos, se da en un momento en el que Macri tiene la popularidad más baja de sus más de dos años de gobierno, ya que apenas si supera el 44 por ciento.

Las declaraciones de Bullrich no son nada alentadoras en un país en el que, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde que Macri asumió hubo un récord de 725 muertes por violencia institucional.

De acuerdo con los datos, más de una persona muere diariamente en Argentina ya sea en una represión policial, una persecución de alguna fuerza de Seguridad o en una prisión o comisaría.

Notimex

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Inicia campaña electoral brasileña con incertidumbre sobre Lula da Silva

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Con la autorización este jueves de realizar actos en las calles del país y propaganda por internet, Brasil dio inicio a siete semanas de campaña electoral que estará marcada por la batalla judicial en la Justicia electoral para determinar si el gran favorito, Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, puede participar.

Horas después de que el Partido de los Trabajadores (PT) formalizara el registro de candidatura en el Tribunal Superior Electoral (TSE), la Fiscalía y un grupo civil presentaron sendas peticiones de impugnación, al entender que Lula da Silva fue condenado y, por lo tanto, inhabilitado políticamente.

El Movimiento Brasil Libre (MBL), organización de derecha que articuló manifestaciones a favor del juicio a Dilma Rousseff en 2016, presentó la primera petición contra el exsindicalista apenas media hora después de concluir el plazo de registro.

En ella, el activista Kim Kataguiri, candidato a diputado en el estado de Sao Paulo, pide a la Justicia electoral que declare la “inelegibilidad” de Lula da Silva y que le impida tener “tiempo de televisión y de radio” para hacer campaña.

Durante la noche, la fiscal general del Estado, Raquel Dodge, indicada por el presidente Michel Temer para asumir el cargo durante su mandato, presentó al TSE un recurso para impugnar el registro de la candidatura del exsindicalista e impedirle también realizar campaña política.

Ello con el argumento de que, según la Ley de Ficha Limpia, que el propio Lula da Silva aprobó durante su segundo mandato, un condenado en segunda instancia por tribunal colegiado no puede ser candidato, pues está inhabilitado por ocho años.

Lula da Silva, encarcelado desde el día 7 de abril, pero líder desde hace meses en las encuestas para las elecciones de octubre, fue condenado en enero en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por lavado de dinero y corrupción, pero él niega los cargos y se dice víctima de una “cazada” judicial para dejarle fuera de las elecciones.

La víspera, en un acto que congregó a unas diez mil personas en Brasilia, el PT registró la candidatura de Lula da Silva ante el TSE y su ‘número dos’, el exalcalde de Sao Paulo y candidato a la vicepresidencia Fernando Haddad, leyó una carta del expresidente en el que dijo que “puede hacer mucho para sacar a Brasil de una de las peores crisis”.

La justicia electoral tiene hasta el 17 de septiembre para decidir si acepta o no a Lula da Silva como candidato, aunque miembros de la corte indicaron que darán celeridad al asunto para que no empañe la campaña que termina el día 6 de octubre, víspera de la votación de primer turno.

Los sondeos siguen atribuyendo a Lula da Silva una ventaja amplia: una encuesta del Instituto Paraná publicada el miércoles muestra que el exsindicalista lidera la intención de voto con 31 por ciento, por 22 del ex militar y diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro.

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Fracasa sesión sobre allanamientos a Cristina Fernández

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La sesión del Senado argentino para tratar el pedido de un juez para allanar tres propiedades de la expresidenta y senadora Cristina Fernández en una causa por presunta corrupción fracasó el miércoles y fue pospuesta para la próxima semana.

La sesión no prosperó porque estaban presentes 36 senadores de los 37 que se necesitaban para dar puntapié al debate. Entre los ausentes estaba la propia Fernández, los integrantes del grupo opositor que la respalda, varios miembros del peronismo y dos del oficialismo que habían informado que estaban de viaje y con licencia médica.

El juez Claudio Bonadío pidió días atrás al Senado autorización para allanar dos casas de la expresidenta (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz y un departamento en Buenos Aires, el cual -según el relato de un arrepentido en la causa- fue durante años el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios para adjudicarse obras públicas.

La autorización de los allanamientos habría supuesto un gesto simbólico de la clase política de permitir que la justicia avance contra la exmandataria, de 65 años, ya que el pedido del juez se conocía desde hace dos semanas.

La titular del Senado, la oficialista Gabriela Michetti, fijó una nueva sesión el 22 de agosto para tratar el asunto.

“Teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte a la sociedad desde la política… los senadores que no dan quorum cometen un gran error”, se lamentó el senador oficialista Luis Naidenoff ante los colegas que esperaban sentados si otros legisladores iban a sumarse. El oficialismo no goza de la mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso.

El peronista Miguel Ángel Pichetto también criticó que la sesión no prosperara al señalar que “el allanamiento es una medida de prueba que no define el rango de responsabilidad (de un sospechoso) y al magistrado no se le puede impedir llevarla adelante en esta investigación”.

Pero otros miembros del peronismo, espacio político bajo el cual se creó el kirchnerismo, no asistieron a la sesión.

Fernández negó el lunes en el juzgado de Bonadío ser responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos.

La senadora acusó a Bonadío de ser un juez enemigo que ha armado una nueva causa en su contra y afirmó que el “disparate” del que es víctima se debe a las interferencias del gobierno del presidente Mauricio Macri en la justicia.

En la causa que investiga la considerada mayor trama de corrupción de los últimos años en Argentina hay hasta ahora 14 detenidos, 12 arrepentidos, un prófugo y otros 14 investigados. Además de Fernández también aparece salpicado su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

Según versiones de la prensa local con acceso a la causa -que se encuentra bajo secreto de sumario- al grupo de arrepentidos se sumó la víspera Claudio Uberti, exdirector del Órgano de Control de las Concesiones Viales y primer exfuncionario que, en calidad de imputado colaborador, afirmó ante el juez que le entregó bolsos con dinero a Kirchner delante de su esposa en la casa de gobierno.

Según las mismas versiones, empresarios han reconocido ante el magistrado haber pagado millonarios sobornos a funcionarios o haber contribuido bajo extorsión a las campañas electorales del matrimonio Kirchner.

La causa que ahora acapara la atención pública se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado supuestamente registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que numerosos empresarios habrían pagado los sobornos.

Entre los destinos a los que habría llegado el dinero está la residencia presidencial y el domicilio particular en Buenos Aires de Fernández y su esposo, así como los domicilios de algunos exfuncionarios.

Bonadío decidirá en los próximos días si pide de nuevo el desafuero de Fernández en el marco de este supuesto caso de corrupción con el fin de disponer su prisión preventiva.

El juez investiga a la exmandataria en otras causas. En 2017 pidió el desafuero de la senadora para arrestarla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994, sin que hasta ahora el pedido haya sido tratado por los legisladores.

AP

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Trump le quita credencial de seguridad a ex jefe de la CIA

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El presidente Donald Trump le revocó el miércoles la credencial de seguridad a John Brennan, quien fue director de la CIA durante la presidencia de Barack Obama.

El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders. La acción cumple la amenaza que Trump había hecho hace varios días.

Sanders citó la “conducta errática” de Brennan y lo acusó de “mentir” y de tener “arranques de furia”.

También afirmó que se ha “aprovechado de su estatus” para hacer acusaciones sin fundamentos.

Brennan ha sido un asiduo crítico de la conducta de Trump. Tras la conferencia de prensa conjunta del mandatario estadounidense con el presidente ruso Vladimir Putin que se llevó a cabo en Finlandia, el ex director de la CIA describió el desempeño de Trump como: “nada menos que un traidor”.

Sanders indicó que las credenciales de seguridad de otros ex funcionarios de inteligencia también están “bajo revisión”.

AP

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