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Trump considera declarar emergencia; miles quedan sin paga

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El presidente Donald Trump se acerca más a declarar una emergencia nacional para financiar su muy prometido muro fronterizo, conforme aumenta la presión para encontrar una salida de un impasse que ya lleva tres semanas y tiene cerradas partes del gobierno, dejando a miles de empleados sin paga.

Aproximadamente 800.000 empleados, más de la mitad de los cuales todavía se presentan a trabajar, están por perder su primera paga el viernes debido al cierre, y Washington está cerca de fijar un récord del cierre de gobierno más largo en la historia del país. Esos indicadores — junto con los efectos que ha tenido en parques nacionales, inspecciones de alimentos y la economía en general — tenían a algunos de los republicanos en el Capitolio cada vez más incómodos con las exigencias de Trump.

Por otra parte la Cámara de Representantes aprobó el viernes pagarle retroactivamente sus sueldos a los empleados federales afectados por la paralización de las actividades oficiales, una vez que concluya el cierre.

El Senado había aprobado la medida el jueves por unanimidad. Ahora va al presidente Donald Trump quien debe firmarla.

El viernes, al preguntarle por el apuro por el que pasan las personas que no reciben su sueldo, el presidente evadió el tema y dijo que se sentía mal “por las personas que tienen familiares que han sido asesinados” por criminales que atravesaron la frontera.

El viernes, fuentes oficiales dijeron que el Pentágono está ultimando planes para enviar cientos de soldados más a la frontera por varios meses, a fin de ayudar al personal del Departamento de Seguridad Nacional e instalar alambres a lo largo de 257 kilómetros (160 m illas) en Arizona y California.

Los detalles todavía deben definirse pero lo más probable es que se prorrogue la misión militar hasta fines de septiembre, dijeron las fuentes que pidieron permanecer anónimas. Sin embargo la instalación de la cerca de alambre no durará tanto tiempo así que los militares involucrados en eso terminarán su misión mucho antes de septiembre.

Trump visitó McAllen, Texas, y el río Grande el jueves para enfatizar lo que dice es una crisis de drogas y delincuencia. Allí dijo que “si por algún motivo no logramos esto, declararé una emergencia nacional”, haciendo referencia a un acuerdo con los demócratas de la Cámara de Representantes que se han negado a aprobar los 5.700 millones de dólares que exige para el muro.

Pese a las aseveraciones de Trump no hay evidencia de una ola de delitos cometidos por inmigrantes. Varias investigaciones de sociólogos e incluso del instituto académico Cato Institute han determinado que los que están ilegalmente en Estados Unidos cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses, y los inmigrantes legales aún menos.

Trump consultaba con abogados de la Casa Blanca y aliados sobre cómo utilizar los poderes presidenciales en caso de emergencia para tomar una medida unilateral para construir el muro a pesar de las objeciones del Congreso. Afirmó que sus abogados le dijeron que la medida soportaría el escrutinio legal “100%”.

La medida de evadir el control constitucional del Congreso sobre los fondos del país generaría ciertas impugnaciones legales y quejas de ambos partidos por la extralimitación del ejecutivo.

Una autoridad congresual dijo que la Casa Blanca ha instruido al cuerpo de Ingenieros de la Armada a buscar los miles de millones de dólares destinados el año pasado como respuesta al desastre de Puerto Rico y otros lugares que puedan desviarse a la construcción del muro como parte de la declaración de emergencia. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente.

El viernes, autoridades en Puerto Rico dijeron que era “inaceptable” y que la isla todavía lucha para recuperarse del huracán María, una tormenta categoría 4 que golpeó hace más de un año y generó daños por un valor de 100.000 millones de dólares.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el muro no debería financiarse “con el dolor de los ciudadanos de Estados Unidos que han sufrido una tragedia y una pérdida a través de un desastre natural”.

“Utilizar ahora esto como balón político no es lo que merecen los ciudadanos americanos en Puerto Rico”, dijo Jennifer González, representante del territorio estadounidense ante el Congreso. Agregó que la isla todavía no recibe 2.500 millones de dólares en fondos. “Rechazo vehementemente ese juego con nuestro dolor y esperanzas”.

No queda claro qué abarcaría el acuerdo y no hubo indicios de que hubiera alguno a la vista. Trump dijo que no reabrirá el gobierno sin dinero para el muro. Los demócratas aseguran que favorecen las medidas para aumentar la seguridad fronteriza, pero se oponen a la larga e impenetrable barrera que desea Trump.

El cierre parcial del gobierno llegaría a un récord la mañana del sábado, superando el cierre de 21 días que terminó el 6 de enero de 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton.

AP

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Ejército de Tailandia desfila de cara a esperadas elecciones

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Las fuerzas militares de Tailandia desfilan el viernes por el Día de las Fuerzas Armadas, mientras el país se prepara para unas elecciones muy esperadas cuatro años después de que soldados derrocaron al gobierno electo.

El comandante en jefe del ejército, el general Apirat Kongsompong, quien presidió la ceremonia, rehusó en octubre pasado descartar intervenciones militares en la vida política del país, creando una gran polémica.

Sin embargo, en el discurso que ofreció a los soldados el viernes se mantuvo al margen de la política y optó por las exhortaciones comunes de lealtad al rey y a la patria.

“Sacrificaremos nuestra fuerza física y mental para proteger a la patria, venerar al rey y velar por el pueblo”, dijo.

Ahora que se espera que haya elecciones pronto, el ambiente político se tensa, y activistas a favor de la democracia han protestado para presionar al gobierno a no dar marcha atrás en su promesa de llamar a elecciones. El gobierno varias veces ha fijado fechas para la votación, pero luego ha dado excusas para aplazar.

Esta semana, Apirat advirtió a manifestantes que no se pasen de la raya aceptable de disconformidad. En Bangkok y otras ciudades ha habido pocas, pero apasionadas, protestas por el aplazamiento de la elección.

El desfile de soldados del viernes en las afueras de Bangkok fue un recordatorio de que el ejército es una fuerza potente en la vida política de Tailandia, que muchas veces ha salido de su cuartel para derrocar a gobiernos civiles. Desde el fin de la monarquía absoluta en 1932, ha realizado 12 exitosos golpes de estado. El actual primer ministro, el exgeneral Prayuth Chan-ocha, encabezó el último en 2014.

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Movimientos sociales mantienen cautela frente a Bolsonaro

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Aunque parezca contradictorio, el brasileño Toni Reis, un militante gay y autodefinido comunista, apuesta por el diálogo con el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El 19 de diciembre, días antes de que la administración de Bolsonaro entrara en funciones, Reis, presidente de la Alianza LGBTI+ -una de las entidades gays más representativas de Brasil-, fue invitado a una reunión con Damares Alves, quien se convertiría en la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos.

Fue la primera vez que Reis y los representantes de otras 30 organizaciones fueron invitados por el equipo de un gobierno antes de asumir y el gesto, pese a algunos prejuicios, ayudó a dejar la resistencia a un lado.

“Estamos con los ojos abiertos, pero el miedo comenzó a disiparse”, dijo Reis a The Associated Press.

Pese a que muchos creían que rápidamente se convertirían en la punta de lanza contra la administración de Bolsonaro, los movimientos sociales brasileños han acompañado expectantes las primeras decisiones del gobierno y estudian cómo reaccionar.

Desde la campaña presidencial la desconfianza mutua ha guiado la relación entre el presidente y diferentes organizaciones de mujeres, negros, homosexuales y LGBT e indígenas.

La elección de Bolsonaro, un exmilitar con un robusto historial de comentarios racistas y homofóbicos alimentó el temor de que su gobierno avanzara en el cercenamiento de las libertades individuales.

Y si bien algunas decisiones administrativas generaron revuelo, concluida la segunda semana de gobierno la mayor parte de las agrupaciones y organizaciones no gubernamentales que representan a las minorías se mantienen cautas.

La ministra Alves dijo que Brasil está comenzando una nueva era en la que “los niños se visten de celeste y las niñas de rosa”, en contraste a una supuesta inversión de valores que había sido promovida por los gobiernos de izquierda en los últimos años.

Las demandas de la población LGBT desaparecieron explícitamente de las principales directrices del ministerio. Sin embargo, la ministra explicó durante la asunción de su cargo que esa población será una de las preocupaciones del ministerio y habrá una dirección específica que se ocupará de implementar políticas para homosexuales.

Alentados por el miedo a que fueran prohibidos los matrimonios entre personas del mismo sexo, en noviembre y diciembre se celebraron casamientos colectivos gays en varias ciudades de Brasil.

La ministra Alves “hizo declaraciones para la base electoral que los apoya, pero con nosotros hasta ahora cumplió. Nos dijo que su gabinete será abierto para los LGBT y mantuvo el cuadro de funcionarios que trabajaban en políticas para la comunidad”, explicó Reis.

Hasta ahora, ningún movimiento convocó a protestas o actos contra Bolsonaro.

La decisión más polémica del mandatario fue que el Ministerio de Agricultura absorbiera una de las principales atribuciones de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), históricamente el organismo encargado de identificar, demarcar y proteger las tierras de los pueblos originarios.

Mediante un decreto Bolsonaro entregó la demarcación de nuevas tierras a Agricultura, una transferencia que la mayoría de las organizaciones indígenas interpretaron como la subordinación completa de la política indigenista al negocio agropecuario.

Los indígenas “están en una situación de fragilidad diferente a cualquier sector porque dependen del Estado, que les brinda acceso a la tierra y seguridad para sobrevivir”, opinó Sergio Praça, politólogo y profesor de la Fundación Getulio Vargas.

Como muestra de una hostilidad creciente hacia esa población, la FUNAI reportó esta semana un violento episodio de invasión de tierras ya demarcadas en Maranhao, estado del noreste de Brasil, en un área codiciada para la extracción de madera y cría de ganado.

Praça aseguró que los grupos originarios, a diferencia de otras minorías, pueden reaccionar rápidamente.

Hasta ahora, la resistencia se ha canalizado por la vía judicial. Decenas de pueblos indígenas se presentaron ante el Ministerio Público para pedir que la justicia anule la transferencia de la demarcación de tierras a Agricultura.

“El Estado brasileño nunca ayudó mucho a los homosexuales. Bolsonaro no hará nada para mejorar eso, pero creo que tampoco los perjudicará”, agregó el politólogo.

Brasil es uno de los países donde más homosexuales y transexuales son asesinados en el mundo. En 2018 hubo 420 muertes -incluidos suicidios- según un reporte del Grupo Gay de Bahía (GGB).

Luiz Mott, presidente del GGB, dijo que se creó un “pánico injustificado” ante la llegada del nuevo gobierno y, pese a estar políticamente en contra, aseguró que da un voto de confianza a Bolsonaro.

“Si bien tiene un historial de intolerancia, creo que las autoridades deben ser evaluadas desde que están en funciones. Bolsonaro prometió que los crímenes de odio tendrán la pena agravada, entonces por ahora tiene mi voto de confianza de que hará algo por nosotros”, dijo Mott.

Las controvertidas declaraciones de Bolsonaro no sólo tuvieron como blanco a los gays y las mujeres. Los negros también fueron ofendidos cuando en un discurso en 2017 dijo que los “afrodescendientes no sirven para nada, ni para recrear”.

Sin embargo, Lúcia Xavier, miembro de la Articulación de Mujeres Negras Brasileñas, adoptó la misma cautela que Mott. Su organización analiza los primeros pasos del ultraderechista para saber si “de hecho” van a afectar a la comunidad negra.

“Una cosa es lo que dicen y otra, diferente, es lo que van a hacer”, aseguró Xavier.

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Indagan informe de que abogado mintió por orden de Trump

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Los presidentes demócratas de dos comisiones de la cámara baja prometieron el viernes investigar un informe periodístico de que el presidente Donald Trump ordenó a su abogado personal Michael Cohen mentirle al Congreso acerca de las negociaciones en torno a un proyecto inmobiliario en Moscú durante la campaña electoral de 2016.

El presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, dijo que “haremos lo que sea necesario para averiguar si es cierto”. Añadió que la denuncia de que Trump pidió a Cohen que mintiera “para restringir la investigación y encubrir sus negocios comerciales con Rusia es de las más graves hasta la fecha”.

El presidente de la Comisión Judicial, Jerrold Nadler, dijo que ordenar a un subordinado que le mienta al Congreso es un delito federal.

“La tarea de la Comisión Judicial es llegar al fondo de esto, y cumpliremos esta tarea”, tuiteó el legislador.

El informe de BuzzFeed News cita a dos agentes policiales según los cuales Trump instruyó a Cohen para que mintiera al Congreso y que el abogado informaba periódicamente a Trump y su familia sobre el proyecto en Moscú, al tiempo que éste aseguraba no tener tratos comerciales con Rusia.

The Associated Press no ha confirmado el informe de manera independiente.

Un asesor de Cohen, Lanny Davis, se limitó a decir que ni él ni Cohen responderán a preguntas por respeto a la investigación que encabeza el fiscal Robert Mueller.

Según la nota de BuzzFeed, Cohen le dijo a Mueller que Trump le ordenó personalmente mentir sobre la cronología del proyecto para ocultar la participación de éste.

El abogado de Trump, Rudy Giuliani, rechazó con desdén el informe al decir en un comunicado: “Si le crees a Cohen, te venderé el Puente de Brooklyn a buen precio”.

La mañana del viernes, Trump tuiteó que Cohen: “¡Miente para reducir su tiempo en prisión!”, a pesar de que Cohen ya fue sentenciado.

Cohen se declaró culpable en 2017 de mentirle al Congreso para ocultar que negociaba el proyecto inmobiliario en Moscú en nombre de Trump durante la campaña presidencial. La acusación presentada por Mueller fue el resultado de su colaboración con la investigación.

Cohen fue condenado recientemente a tres años de prisión tras declararse culpable de delitos impositivos, fraude bancario y violaciones a las leyes de campaña. Está citado para declarar ante la Comisión de Supervisión de la cámara baja el 7 de febrero.

Legisladores demócratas han prometido investigar exhaustivamente los vínculos de Trump con Rusia. Aunque la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, desalienta cualquier mención de un juicio político, algunos demócratas influyentes dicen que si el informe de BuzzFeed resulta cierto, las acciones de Trump merecerían semejante medida.

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