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Italia pide modificar términos de misión naval de la UE

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La solicitud de Italia para modificar los términos de una misión naval contra el tráfico humano en el mar Mediterráneo puede ser discutida durante una revisión estratégica en curso, indicaron funcionarios del Consejo Europeo el lunes.

La llamada “Operación Sofía”, un operativo militar de la Unión Europea, se encuentra en la mira de Italia luego de que una de sus embarcaciones atracó en Sicilia con 106 migrantes abordo el fin de semana.

El ministro del Interior italiano Matteo Salvini, de posición antiinmigrante, utilizó la ocasión para anunciar que Italia quería prohibir que las embarcaciones de la operación atracaran en sus puertos, tal como lo ha hecho con los barcos de grupos de ayuda que rescatan migrantes.

Las actividades de la “Operación Sofía” están bajo una revisión estricta y “esta será la oportunidad para discutir la posición italiana”, dijo Natasha Bertaud, portavoz del consejo. “El mandato actual de la misión expira a fines del año y ha sido modificado en ocasiones anteriores”, agregó.

De acuerdo con el mandato operacional de Sofía, la guardia costera que coordina el rescate designa el puerto de atraco, dijo Bertaud. En el caso del rescate efectuado el fin de semana, la guardia costera de Malta recibió la llamada de auxilio de un barco migrante pero remitió la coordinación del rescate a Italia, como sucede a menudo, y los italianos instruyeron a la embarcación irlandesa Samuel Beckett desembarcar en la ciudad de Mesina, ubicada en el noreste de Sicilia.

La retórica de Salvini irritó a otros miembros de la alianza gobernante de Italia formada por los partidos políticos Movimiento 5 Estrellas y La Liga. El Ministerio de Defensa, el cual es el responsable de la participación de Italia en la “Operación Sofía”, dejó claro que Salvini no tenía que involucrarse en una de sus misiones navales.

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California sopesa demandar a Trump por emergencia para muro

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California probablemente demandará al presidente Donald Trump por su declaración de emergencia para financiar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, anunció el viernes el procurador general del estado.

En una conferencia de prensa conjunta, el procurador Xavier Becerra y el gobernador Gavin Newsom, ambos demócratas, dijeron que no hay emergencia alguna en la frontera y que Trump no tiene la autoridad para hacer la declaración.

“Nadie en Estados Unidos está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos”, afirmó Becerra. “El presidente no tiene el poder para actuar frívolamente”.

Horas antes, Trump declaró una emergencia nacional para soslayar al Congreso y usar fondos del Pentágono y otras partidas para cumplir su promesa de completar el muro fronterizo. El presidente dijo que los inmigrantes sin autorización están invadiendo el país.

En el Congreso recibieron de inmediato el anuncio con resistencia.

Becerra y Newsom dijeron que ellos evaluarán la declaración de emergencia, pero probablemente se sumarán a demandas presentadas por otros estados.

Ambos cuestionaron la noción de que hay una emergencia real. Becerra dijo que otros presidentes usaron tales declaraciones después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la crisis de los rehenes en Irán en 1979.

Newsom dijo que el muro es un “monumento a la estupidez” que no haría más seguro al país.

California ha demandado varias veces a Trump. Becerra ha demandado al menos 45 veces al gobierno federal.

AP

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Trump declara emergencia nacional para construir muro

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En guerra con una rama del gobierno e iniciando un enfrentamiento con otra, el presidente Donald Trump declaró el viernes una emergencia nacional para cumplir su promesa de construir un muro en la frontera con México.

Soslayando al Congreso, que le asignó mucho menos dinero del que solicitaba para su proyecto de muro, Trump dijo que utilizará su poder como jefe del ejecutivo para derivar miles de millones de dólares de los fondos asignados originalmente para construcciones militares y la lucha contra las drogas, dijeron sus colaboradores.

Poco después, Trump promulgó la legislación derivada del acuerdo presupuestario del Congreso, que evita otra paralización del gobierno y autoriza el desembolso de un monto limitado de dinero para construir el muro. Trump firmó el documento en la Casa Blanca el viernes, dijo la vocera Sarah Sanders.

La declaración de Trump de una emergencia suscitó críticas inmediatas de ambos partidos en el Congreso y se prevé que enfrentará numerosas demandas judiciales.

En su anuncio desde la Rosaleda de la Casa Blanca, el presidente aseguró que la inmigración ilegal constituye “una invasión de nuestro país”.

En una muestra inusual de bipartidismo, los legisladores aprobaron el jueves asignar fondos a amplios sectores del gobierno y evitar así una repetición del cierre parcial del gobierno que duró cinco semanas. La insistencia de Trump en los fondos para el muro había sido un eje de contención en sus negociaciones con el Congreso durante más de dos años, lo mismo que la resistencia de legisladores de ambos partidos para satisfacer el pedido del presidente.

Colaboradores de la presidencia reconocieron que carecían de apoyo suficiente en el bloque republicano para enfrentar un nuevo cierre de gobierno, por lo que Trump resolvió poner a prueba los límites de su autoridad presidencial.

El dinero asignado a las vallas fronterizas, unos 1.400 millones de dólares, quedó lejos a los 5.700 millones que Trump asegura necesitar y financiará apenas la cuarta parte de los 322 kilómetros (200 millas) de cerca que esperaba construir este año.

Para cerrar esa brecha, Trump anunció que gastará unos 8.000 millones de dólares en vallas, al sumar a la asignación del Congreso los fondos que espera derivar por decreto, incluida la emergencia nacional. Esos fondos provendrían de la lucha contra las drogas y construcciones militares, pero los colaboradores no supieron aclarar qué proyectos militares se verían afectados.

A pesar de la oposición generalizada de los legisladores a la declaración de emergencia, incluidos algunos republicanos, Trump respondía a las presiones para que tomara medidas unilaterales con tal de aplacar a su base derechista de electores y evitar la apariencia de que no tuvo el suficiente valor para cumplir su promesa.

Los asesores de campaña y de la Casa Blanca insisten en que la promesa del muro, cumplida o no, es un factor de triunfo para Trump al iniciar la campaña para su reelección, siempre que no dé la apariencia de capitular.

Ante las versiones de que Trump declararía la emergencia, no demoraron en escucharse las condenas de los demócratas y las amenazas de estados temerosos de perder fondos o federales o que acusaron a Trump de abuso de autoridad.

En una especie de cantilena, Trump habló de las demandas contra su decisión, las que llegarán incluso a la Corte Suprema. “Lamentablemente nos demandarán y lamentablemente seguirá un proceso y felizmente ganaremos, creo”, dijo el presidente.

La presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, y el jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lo calificaron de “declaración ilegal frente a una crisis que no existe”. Añadieron que “violenta nuestra Constitución y vuelve a Estados Unidos menos seguro, al robar fondos de la defensa que la seguridad de nuestros militares y nuestra nación necesita con urgencia”.

“Las medidas del presidente evidentemente violan el poder sobre el erario, que es exclusivo del Congreso según lo consagraron los Fundadores en la Constitución”, dijeron en un comunicado conjunto. “El Congreso defenderá nuestras autoridades constitucionales y en público con todos los recursos disponibles”.

Varios secretarios de Justicia estatales demócratas dijeron que estudiaban medidas legales para bloquear a Trump.

En una declaración que seguramente se utilizará para cuestionar los fundamentos legales de su declaración de emergencia, Trump insinuó cuáles eran las realidades políticas en el trasfondo de su medida. “Podría construir el muro en un período de tiempo mucho más largo”, dijo. “No necesitaba hacer esto, pero prefiero hacerlo mucho más rápidamente”.

AP

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EEUU enviará ayuda para Venezuela en aeronaves militares

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 El gobierno de Estados Unidos prepara el envío de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a la frontera de Venezuela con Colombia, aunque por primera ocasión en aeronaves militares, en momentos en que incrementa las presiones para que el presidente Nicolás Maduro renuncie al poder, según un correo electrónico filtrado del Departamento de Estado al Congreso de ese país.

El anuncio de la ayuda adicional se dio el mismo día que la administración del presidente Donald Trump anunció sanciones al presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a otros funcionarios clave del área de inteligencia de Maduro.

Las autoridades estadounidenses planean enviar a partir del sábado 250 toneladas de comida, artículos de higiene y suplementos nutricionales a la ciudad colombiana de Cúcuta, donde ya se encuentran almacenados otros suministros que esperan ser introducidos hacia Venezuela.

El correo electrónico enviado al Congreso el viernes sobre la nueva ayuda fue entregado a The Associated Press por un asesor del Congreso estadounidense que no estaba autorizado a discutir públicamente el tema.

Estados Unidos ha decidido enviar ayuda a petición del opositor Juan Guaidó, a quien el gobierno de Trump y varios países más han reconocido como el verdadero líder de Venezuela después de que Maduro se juramentó para un segundo mandato en un acto que ha sido visto por algunos como ilegítimo.

Guaidó, quien también es el presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, ha prometido entregar la ayuda a los venezolanos pese al rechazo de Maduro, quien en una entrevista el jueves con AP calificó la asistencia estadounidense de “migajas”.

Aunque las fuerzas armadas estadounidenses han respaldado desde hace mucho las misiones de asistencia humanitaria encabezadas por autoridades civiles, esta es la primera vez que entregarían directamente la ayuda para Venezuela. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos envió ayuda con un valor de más de 100 millones de dólares a Cúcuta para apoyar a Colombia a enfrentar la presencia de unos tres millones de venezolanos que llegaron a su territorio tras huir la escasez de alimentos y una hiperinflación.

El mismo viernes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que el presidente general de PDVSA, el mayor general Manuel Quevedo, ha sido un instrumento para apuntalar lo que llamó el régimen ilegítimo de Maduro.

En la entrevista con AP, Maduro dijo que Quevedo había estado en India esta semana para discutir nuevos negocios de PDVSA, luego de que la compañía ha sido blanco de sanciones con las que se busca cortar sus ganancias, estimadas en unos 11.000 millones de dólares.

Las nuevas sanciones del Tesoro estadounidense también fueron dirigidas a cuatro funcionarios de alto rango del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y al director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional de Venezuela.

Mnuchin señaló en un comunicado que se trata de funcionarios corruptos que ayudan a Maduro a atacar la democracia en Venezuela por medios que incluyen el uso de la tortura y la fuerza bruta. Las sanciones impiden a esos funcionarios tener acceso a cualquier propiedad que tengan en Estados Unidos e impide a ciudadanos estadounidenses a que realicen negocios con ellos.

Más tarde, desde Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que crear las condiciones mínimas necesarias para celebrar comicios imparciales en Venezuela requerirá un plazo de tiempo indeterminado y sería indispensable la “salida” de Maduro. “Pensar en comicios con la estructura actual sin llevar a cabo reformas urgentes y profundas, no es factible ni deseable”, dijo el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar la crisis venezolana.

Ésta fue la primera sesión celebrada por el Consejo Permanente desde que el 10 de enero adoptara una resolución desconociendo el mandato de Maduro por considerar que logró su reelección en mayo pasado gracias a comicios fraudulentos.

Brenda Santamaría, jefa de la sección de observación electoral de la OEA, propuso conformar un grupo de expertos que elaboren un diagnóstico del problema, conformar otro grupo de asesores internacionales durante la preparación de los comicios una vez hayan sido convocados, y desplegar observadores electorales a largo plazo en cada estado del país.

“A través de estos tres proyectos, la OEA podría generar condiciones mínimas que garanticen que la población venezolana exprese libremente su voluntad y los resultados presentados al mundo sean verdaderos”, indicó.

En circunstancias regulares, la OEA comienza a trabajar en asesoría electoral tan pronto el secretario general Luis Almagro recibe una solicitud del respectivo gobierno. En este caso, la OEA empezaría a implementar estas propuestas al darse un potencial escenario post-Maduro y en caso de que Guaidó solicitara formalmente la asistencia.

AP

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