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Política

Adecuan diputados (as) la ley para evitar discriminación hacia personas con tatuajes

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Los integrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen que reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, para considerar como conducta discriminatoria la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, por tener tatuajes o perforaciones corporales.

De igual forma, se incluye como este tipo de conducta la aplicación de políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que, en apariencia neutrales, tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas.

En la sexta sesión ordinaria, del segundo año de labores, el Pleno aprobó con 44 votos a favor este dictamen. No registró votos en contra o abstención.

Esta reforma está dirigida a eliminar todo tipo de discriminación, con motivo de la apariencia física ya que ésta es factor importante en el desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales; y la mayoría de las veces está sujeta a la percepción y la estigmatización públicas.

Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), uno de cada 10 habitantes del país posee un tatuaje, perforación o ambos; es decir, aproximadamente 12 millones de personas han elegido tatuarse y en consecuencia deben ser protegidas de toda discriminación.

Este decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 13 de Junio de 2017 la diputada Eva Cadena Sandoval.

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Personas con discapacidad con derecho al 50% de descuento en casetas estatales

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El Congreso de Veracruz aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Caminos y Puentes del Estado para señalar que tratándose de personas con discapacidad o con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Gobierno del Estado en coordinación con los concesionarios, establecerán descuentos en las tarifas de casetas estatales.

Dicho beneficio nunca será menor al 50 por ciento de las tarifas registradas y aplicará también para quienes trasladen personas con el Trastorno del Espectro Autista.

Para hacer válido este beneficio deberá presentarse la credencial de identificación que proporcionan los sistemas, estatal y municipales, para el Desarrollo Integral de la Familia.

El Dictamen señala que las autoridades, en  sus diferentes ámbitos de competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad

Esta reforma fue aprobada con 42 votos a favor. Sin votos en contra o abstenciones.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó 26 de marzo de 2018 el diputado Gregorio Murillo Uscanga.

En la sesión, el diputado Gregorio Murillo subrayó que las personas con discapacidad deben ser reconocidas con los mismos derechos ya que aportan de igual manera a la sociedad que cualquier persona que no tenga discapacidad.

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Política

Pide Benítez González disminuir la violencia política en redes sociales

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El diputado local Vicente Benítez González, propuso un proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, para que se pronuncien de forma “urgente y eficaz” en torno a la violencia política y violencia política de género en redes sociales.

En la sexta sesión, el legislador se refirió a lo que está pasando en el país y en nuestro estado, para que dichas instituciones llamen a la mesura a los actores políticos locales, a sus militantes y simpatizantes para que dejen de “diseminar ideas de odio y discriminación en contra de aquellos que no piensan igual”.

“Se exhorta al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, a que hagan un llamado urgente y eficaz para prevenir hechos que pudieran ser constitutivos de delitos y que después, como sociedad, lamentaríamos todos por no incidir de forma adecuada para disminuir el nivel de discriminación y agresión política en las redes sociales”, destacó.

Benítez González señaló que en este escenario de tanta violencia y crímenes que han ocurrido en el actual proceso electoral en el país y en las últimas horas, también candidatas a diversos cargos de elección popular han sido agredidas, tres de éstas, del partido Nueva Alianza, han sido objeto de violencia política de género, pero esa violencia ha traspasado a la violencia de facto, al dañar los bienes de una de ellas.

Mencionó que con base en el Informe de Violencia Política en México 2018, de la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado hasta el 2 de junio, se habían producido 382 agresiones contra políticos, entre ellos los 110 asesinatos.

Dicho informe que retoman diversos medios de comunicación, define que la violencia se expande a nivel municipal abarcando un total de 252 municipios del país (más del 10 por ciento del total).

“Lo que convierte a esta campaña electoral en la más violenta en la historia de México”, según se ha venido difundiendo en las últimas horas.

Recordó que en febrero de este mismo año, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, firmó un Convenio de colaboración con Facebook para la generación de contenidos en torno a las elecciones 2018 y con ello, contrarrestar la información falsa, lo cual calificó de inédito.

En aquel momento, sostuvo que ese había sido el primero de muchos acuerdos que se generarían con las diversas redes sociales que existen y que son usadas por miles de millones de usuarios y por las que lamentablemente también se genera violencia política y violencia política de género.

“Como representante ciudadano es mi obligación referir que entre los asesinados que aspiraban a cargos electorales hay desde precandidatos, a candidatos, alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes partidistas, exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos”, condenó.

La UNESCO define el discurso de odio en la red como aquel que enfrenta a grupos de individuos mediante un lenguaje amenazante. Sería el antidiscurso que cancela la posibilidad de entendimiento con los otros, que favorece la discriminación y enaltece la violencia.

Es también esquivo, anónimo y su carácter transnacional complica su regulación. Es un tipo de afrenta de nuestra contemporaneidad, facilitada, paradójicamente, por las redes sociales digitales, y constituye uno de los temas que más preocupan a la comunidad internacional.

“Así como hay quienes usan la red para promover causas justas, también hay quienes las usan para dispersar la vileza humana. Así pues, el problema no es únicamente tecnológico, sino político y cívico. Es multidimensional y, por tanto, acabar con él requiere de la convicción y acción de diferentes actores, resalta la investigación”, citó Benítez.

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Plantea diputada ampliar atribuciones de los integrantes de los ayuntamientos

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Con la finalidad de dotar al síndico y a los regidores de nuevas atribuciones, la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Lobato Calderón señaló que el Síndico Único es el representante legal del Ayuntamiento y responsable de la atención de los asuntos jurídicos, mientras que los Regidores son los órganos del gobierno municipal que administran distintas ramas, tales como la de los servicios públicos, mercados, rastros, espectáculos, cementerios, entre otros.

Por lo que –indicó- es necesario ampliar sus atribuciones para que puedan convocar a una Sesión de Cabildo extraordinaria, pública o secreta, cuando la urgencia del caso lo reclame o alguno de los ediles lo solicite. Asimismo, la iniciativa contempla que los síndicos y regidores puedan solicitar a las áreas correspondientes se les entregue con anticipación la información que requerirá su revisión y firma.

Dijo que la facultad del Síndico es vigilar, por lo que la reforma contempla que se solicite a las áreas correspondientes los estados financieros mensuales y Cuenta Pública con anticipación de 72 horas, con un soporte documental para su análisis y en su caso, para firma.

Además de solicitar a las diversas áreas de la administración pública municipal los informes necesarios que requiera para el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Vigilancia.

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